El clima político en Moncada, Valencia, se ha intensificado tras un incidente controvertido durante las fiestas patronales, en el que estuvo involucrado el concejal de Seguridad Ciudadana, Martín Pérez Aranda, del PSOE. La oposición, compuesta por el PP, Ciudadanos y Vox, ha decidido dar un paso firme al solicitar un pleno extraordinario para discutir la conducta del edil, a quien han apodado como el “concejal karateca” tras un altercado que tuvo lugar el pasado 7 de septiembre.

El altercado tuvo lugar en el contexto festivo, donde Pérez Aranda fue grabado en varias ocasiones realizando gestos ofensivos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e incluso ejecutando una patada desde el escenario hacia jóvenes que se encontraban en la primera fila. Este comportamiento ha encendido la preocupación de los grupos opositores, quienes argumentan que la situación refleja una "gravedad institucional" dada la posición del concejal en materia de seguridad.

En su solicitud para el pleno, los partidos de la oposición exigen no solo la reprobación de Pérez Aranda, sino también la retirada de sus funciones y la remisión del caso a la Fiscalía. Además, proponen la disolución de sus delegaciones relacionadas con las fiestas y la seguridad, así como su destitución como jefe de la Agrupación de Protección Civil, dado que estos actos son considerados inaceptables para alguien en su cargo.

El documento presentado establece un orden del día claro que incluye la discusión de los incidentes, la reprobación del edil y la solicitud formal para que abandone todos sus cargos. Se contempla también la necesidad de informar a la asociación autonómica sobre la decisión adoptada y de solicitar informes sobre los eventos ocurridos durante la madrugada del 7 de septiembre, así como las novedades que puedan aportar tanto la Policía Local como la Guardia Civil.

De acuerdo con la normativa vigente, la oposición enfatiza que la convocatoria para el pleno no debería dilatarse más de 15 días hábiles desde su petición. Si la alcaldía no atiende a esta solicitud en el plazo estipulado, se establece que el pleno será automáticamente convocado al décimo día hábil siguiente. Esto demuestra la determinación de los grupos opositores al exigir accountability por parte de los funcionarios públicos.

Finalmente, el documento también señala que cualquier intento de incluir estos asuntos en un pleno ordinario o en otro extraordinario con más puntos requeriría la autorización previa de los solicitantes, asegurando así que el interés en este tema se mantenga en el centro de la discusión política de la localidad.