La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que se impongan 24 años de prisión al exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Esto se debe a cinco acusaciones que se le han formulado, las cuales incluyen pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, todo ello en relación con la supuesta trama de mascarillas en el conocido caso 'Koldo'. Además, se exige una multa de 3,9 millones de euros.

Esta petición se enmarca dentro de un escrito de acusación presentado por Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Especializada, el cual fue accedido por Europa Press. Este escrito se presenta en el contexto del juicio que se llevará a cabo contra el exdirigente socialista por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas gestionados por el Ministerio de Transportes durante la crisis sanitaria.

La petición de juicio contra Ábalos, junto a su exasesor Koldo García y el empresario presuntamente implicado, Víctor de Aldama, se produce tras la propuesta del magistrado instructor, Leopoldo Puente, que apunta a la necesidad de juzgar a estos tres personajes involucrados en la trama.

En cuanto a Koldo García, la Fiscalía está pidiendo una pena de 19 años y medio de prisión por los mismos delitos mencionados en relación a Ábalos, así como una multa igual de 3,9 millones de euros.

Además de las multas impuestas, la Fiscalía ha solicitado que tanto Ábalos como Koldo García sean obligados a indemnizar "conjunta y solidariamente" a Ineco con la suma de 34.477,86 euros, y a Tragsatec con 9.500,54 euros.

Por otro lado, el mismo organismo ha destacado la importancia de proceder al decomiso de las ganancias obtenidas a partir del delito de cohecho, que ascienden a un mínimo de 430.298,4 euros.

En cuanto a Víctor de Aldama, la Fiscalía ha considerado la atenuante de confesión y ha solicitado una condena de 7 años de prisión por tres de los delitos atribuidos a Ábalos y Koldo. También se le ha pedido una multa de 3,8 millones de euros.

El magistrado Puente ha justificado su decisión de proponer el juicio al entender que los tres individuos "se concertaron, muy poco después" de la toma de posesión de Ábalos como ministro, para beneficiarse económicamente de los contratos adjudicados en el ámbito de la administración pública, aprovechando su influencia en dicho rol.

Este avance se da después de que en septiembre pasado se decidiera dividir la causa: una parte se centrará en las investigaciones de los contratos de mascarillas, mientras que otra se dedicará a la presunta trama de cobro de comisiones por obras públicas.