Compromís reclama a Sánchez un enfoque científico en lugar de soluciones superficiales para el Pacto de Estado climático.

En un reciente pronunciamiento, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís y miembro del grupo parlamentario Sumar en el Congreso, ha elogiado la propuesta del presidente Pedro Sánchez de establecer un Pacto de Estado para abordar la crisis climática. Sin embargo, Ibáñez ha subrayado la necesidad de que dicho pacto se fundamente en “criterios científicos” y que incluya “medidas estructurales equitativas”, evitando así las soluciones superficiales.
El legislador, quien también ocupa el cargo de vicepresidente de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, ha alertado sobre las consecuencias del cambio climático, resaltando que fenómenos devastadores como la dana que afectó a Valencia el pasado octubre y los recientes incendios forestales en el país son evidencias innegables de esta problemática, a pesar de que algunos líderes regionales aún lo cuestionan.
“Estamos contra el tiempo”, ha advertido Ibáñez, quien critica que los esfuerzos por mitigar la crisis climática resultan vacíos si se limitan a medidas superficiales, como el uso de pajitas de cartón, mientras se continúa con la expansión de infraestructuras como puertos y aeropuertos que generan un alto impacto ambiental.
En este sentido, el diputado ha insistido en que el Pacto de Estado que el Gobierno planea impulsar en septiembre debe ser congruente con una transición ecosocial audaz y justa, y no basarse en “slogans vacíos” o “acciones simbólicas que solo alimentan a la extrema derecha”.
Ibáñez ha planteado la necesidad de detener la expansión de ciertos proyectos de infraestructura y ha propuesto la implementación de un "impuesto sobre el queroseno de la aviación" como parte de un conjunto de políticas para atraer a la juventud y evitar que se incline hacia partidos como Vox.
Desde su perspectiva, el ahorro de varios miles de millones que se generaría al cancelar la ampliación de “infraestructuras obsoletas y contaminantes” debería destinarse a una financiación justa y sostenible del transporte público, así como a convertir escuelas, hospitales y centros comunitarios en espacios de refugio frente a la crisis climática.
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