Un operativo conjunto entre la Guardia Civil y los inspectores de Pesca Marítima ha dado como resultado la desarticulación de una actividad de pesca ilegal en la bahía de Santa Pola, donde se recuperaron ocho trampas antirreglamentarias y se liberaron cuatro pulpos vivos.

El suceso tuvo lugar el 5 de febrero, cuando los expertos en pesca advirtieron, desde la costa, la presencia de una embarcación semirrígida. Esta, tripulada por dos individuos, uno de ellos con un traje de buceo, estaba colocando trampa en el fondo marino usando tuberías, lo que al parecer fue el desencadenante de la intervención.

Gracias al respaldo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Marítimo Provincial, la embarcación fue localizada y sus ocupantes, identificados. Durante la próxima inspección, se encontraron herramientas y productos químicos, material en el que ya se había recuperado una primera trampa ilegal.

Luego, en un seguimiento detallado del área, el GEAS llevó a cabo un exhaustivo rastreo submarino que dio como resultado el hallazgo de ocho trampas caseras hechas con PVC, algunas de ellas ancladas en el fondo marino. En el interior de cuatro trampas se encontró un total de pulpos vivos que fueron liberados de inmediato.

Las trampas encontradas no contaban con ninguna identificación, lo que infringe las normas vigentes que establecen que todos los equipos de pesca deben estar debidamente etiquetados con el nombre y número de matrícula de la embarcación, según apuntó la Guardia Civil.

Tras concluir las verificaciones pertinentes, se procedió a la confiscación de las trampas ilegales y se iniciaron los trámites para imponer sanciones. Estas prácticas ilegales representan una seria amenaza para la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, afectando a especies protegidas y capturando ejemplares juveniles por debajo del peso legalmente permitido.

Asimismo, la pesca furtiva perjudica gravemente a los pescadores profesionales, quienes operan dentro de lo legal, al inundar el mercado con capturas que no atraviesan los canales de comercialización autorizados. Esto también abre la puerta a la venta a la hostelería mediante mercados ilícitos, lo que pone en riesgo la salud pública al eludir las normativas de seguridad alimentaria.

La Guardia Civil ha recordado que la pesca ilegal es considerada una infracción grave bajo la Ley de Pesca Marítima, con sanciones que pueden variar entre los 601 y 60,000 euros, evidenciando la necesidad urgente de proteger nuestros recursos marítimos.