Este jueves, el Tribunal Supremo ha dado un paso significativo al abrir juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, en el contexto de supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis sanitaria. En una movida que resalta la gravedad de las acusaciones, la corte ha decidido mantener en prisión a Ábalos y García mientras continúan los procedimientos judiciales.

La decisión del juez a cargo del 'caso Koldo' llega tras la negativa de la Sala de Apelación a aceptar los recursos presentados por los acusados, quienes intentaron impugnar el inicio del proceso por delitos relacionados con el cohecho, la organización criminal, el tráfico de influencias y la malversación de fondos. Esta resolución refuerza la postura del sistema judicial respecto a estos casos de corrupción, donde la justicia parece estar decidida a no pasar por alto las malas praxis administrativas.

En cuanto a las penas solicitadas, la Fiscalía ha pedido 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para su asesor y siete años para el empresario. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, han elevado sus demandas a 30 años para Ábalos y Koldo, mientras que para de Aldama se recurre a la misma cifra que propone el Ministerio Público.

Conscientes del riesgo de fuga que estos cargos suponen, tanto la Fiscalía como las acusaciones han solicitado que se mantenga a los dos primeros en prisión provisional. El juez, en sintonía con estas preocupaciones, los envió a la cárcel de Soto del Real el 27 de noviembre y ha decidido hoy mantener esa medida cautelar debido a las severas penas que enfrentan.

Así las cosas, el magistrado también ha impuesto a Ábalos y García una fianza de 60.000 euros para garantizar que se responderá por las posibles responsabilidades económicas que surjan del juicio. Si no cumplen con esta obligación en un plazo de cinco días hábiles, se procederá al embargo de bienes suficientes para asegurar esta cantidad.

Por otro lado, en el caso de Aldama, el juez mantiene las restricciones previamente impuestas, que incluyen la retirada de su pasaporte y la obligación de presentarse cada quincena ante el tribunal, asegurando que así se minimicen los riesgos de elusión a la justicia.

Los acusados, Ábalos, Koldo y Aldama, deberán presentar sus defensas en un plazo de diez días. Es importante que se ajusten a este requerimiento, ya que en caso contrario su silencio será interpretado como oposición a las acusaciones, lo que podría acelerar el proceso judicial.

Cabe mencionar que la resolución del juez es parte de un proceso más amplio, ya que en septiembre se decidió dividir el caso principal, manteniendo separados los temas relacionados con los contratos de mascarillas y aquellos que investigan el cobro de comisiones por obras públicas, lo que sugiere una complejidad mayor en las tramas de corrupción que están siendo desentrañadas.