En una recentísima sesión en el Congreso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció su intención de llevar ante la Fiscalía a la Generalitat Valenciana. Su acusación se centra en la anulación de actas de sanción emitidas por la Inspección de Trabajo, las cuales incluyen una relacionada con la muerte trágica de un trabajador durante el devastador episodio de la dana.

Este caso fue presentado a Díaz por el Partido Popular (PP) durante un debate en el Pleno, donde se discutió el fallecimiento de un empleado de una Unión Temporal de Empresas (UTE) dedicado al mantenimiento de carreteras. La familia del trabajador sostiene que él fue obligado a laborar en medio de una alerta roja y fuera de su horario laboral habitual.

Yolanda Díaz compartió la desgarradora historia de este trabajador, quien, según lo relatado por su madre en declaraciones a 'Las Provincias', perdió la vida el 29 de octubre de 2024 cuando una barrancada lo arrastró mientras se dirigía a su casa en La Canyada. El accidente ocurrió tras haber sido enviado a una tarea urgente en Siete Aguas, a pesar de que su jornada laboral debía haber finalizado en las oficinas del Rebollar.

Las palabras de su madre, leídas por Díaz desde la tribuna, relataban que el empleado, un oficial de primera en conservación de carreteras, fue forzado a trabajar bajo condiciones extremas. "Este individuo tuvo que enfrentar una alerta roja porque la empresa priorizó la productividad sobre su seguridad. Un factor decisivo que le costó la vida", enfatizó la ministra, reflejando la gravedad de la situación.

La vicepresidenta también criticó al PP por el accionar del Gobierno autónomo que lideró Carlos Mazón, denunciando que se anularon multas a empresas a pesar de que se generaron actas por parte de la Inspección de Trabajo. "Les informo que llevaremos este asunto a la Fiscalía, independientemente de que hayan revocado dichas actas", concluyó Díaz, mostrando su firme determinación en la búsqueda de justicia.