La familia de Teófilo del Valle, un trabajador fallecido en Elda (Alicante) en febrero de 1976 por disparos de la Policía Armada durante movilizaciones laborales, ha presentado este jueves en los juzgados de esta localidad una querella por esa muerte que considera un crimen contra la humanidad vinculado al franquismo.
Esta querella representa una oportunidad para exigir justicia y poner fin a la impunidad en casos como este, según ha declarado Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), entidad que respalda a la familia de Del Valle en este proceso.
En una rueda de prensa en Elda, se detalló que los hechos ocurrieron durante las duras represiones policiales contra trabajadores del sector del calzado alicantino en febrero de 1976, mientras exigían mejoras laborales en su convenio colectivo. La querella se presentó contra los responsables de la muerte de Del Valle, en un acto de persecución política, incluyendo al autor material de los disparos, a sus superiores y al gobernador civil de Alicante en ese momento.
Además, se destacó que esta querella se suma a las más de cien presentadas en España para exigir la investigación de crímenes franquistas como crímenes contra la humanidad, que hasta la fecha siguen impunes.
La familia de Del Valle no pudo participar como acusación particular en el juicio militar que se llevó a cabo tras su muerte, lo que generó una sensación de impunidad. Sin embargo, ahora buscan justicia y esclarecer la verdad sobre lo sucedido, gracias a la investigación realizada por Manuel de Juan.
Las pruebas halladas por De Juan, que incluyen casquillos de bala y impactos, respaldan la teoría de que la muerte de Del Valle no fue accidental ni producto de un disparo al aire, sino un acto premeditado. Esta información también arroja luz sobre la falta de justicia y transparencia en el proceso que siguió a su muerte, según señaló la familia.
En este contexto, Jacinto Lara mencionó la importancia de que casos como este se aborden como crímenes contra la humanidad y se investiguen de acuerdo con el derecho internacional y los derechos humanos, para evitar la impunidad y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
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