En el marco de las sesiones del Congreso, la exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha abordado este lunes la trágica emergencia provocada por la dana del 29 de octubre de 2004, reconociendo la existencia de "errores" en la gestión de aquella jornada crítica. Pradas, quien fue responsable de Emergencias en ese contexto, destacó que la falta de una regulación adecuada sobre el sistema de alertas Es-Alert fue uno de los aspectos que contribuyeron a la magnitud de la catástrofe, que dejó un saldo devastador de 230 vidas perdidas en la provincia de Valencia.

A pesar de que inicialmente había optado por no responder a las preguntas de la comisión de investigación debido a su condición de investigada, Pradas decidió clarificar varias afirmaciones formuladas por los diputados. En una intervención centrada en la responsabilidad y la verdad, admitió errores tanto en los días previos como en el propio día de la tragedia, y se le preguntó repetidamente sobre la retirada de los bomberos forestales que estaban operando en el Barranco del Poyo, lugar que se desbordó y contribuyó al desastre.

Durante el intercambio con el diputado de Sumar, Nahuel González, Pradas no esquivó la responsabilidad y reconoció que la información de la que disponía antes del encuentro del Cecopi indicaba que los bomberos forestales estaban en el lugar. Sin embargo, al ser interrogada sobre quién había ordenado su retirada, instó a los miembros de la comisión a seguir investigando la cuestión, dejando en el aire la posibilidad de que otros pudieran tener respuestas más claras.

La exconsellera enfatizó desmarcarse de la decisión de retirar a los bomberos, afirmando que hasta su conocimiento, no estuvo bajo su mando. "Quien tenga que responder, que lo haga", manifestó, afirmando su disposición a colaborar con el proceso investigativo, con la esperanza de que la verdad salga a la luz en última instancia.

Pradas aprovechó la ocasión para resaltar las deficiencias del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, el cual, según sus palabras, no establece ningún protocolo sobre el uso del Es-Alert, desde su funcionamiento hasta los responsables de su implementación. Esta carencia de protocolos, enfatizó, es algo que debe ser regularizado.

En este sentido, la exconsellera hizo un llamado a la comisión para que solicite al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la creación de normativas técnicas que regulen el uso y la gestión del sistema de alertas, lo que podría ser un paso fundamental para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.