El Tribunal Supremo de España ha tomado la decisión de encarcelar de forma provisional sin posibilidad de fianza al ex ministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García. Esta medida, justificada por el "extremo" riesgo de fuga de ambos ante la inminencia del juicio, se enmarca dentro de una investigación por presuntos delitos relacionados con la manipulación de contratos públicos para la adquisición de material sanitario durante la crisis sanitaria. Esta situación marca un precedente, pues es la primera vez que un diputado en activo es enviado a prisión.

El magistrado encargado del caso, Leopoldo López, ha argumentado que existen suficientes indicios de la comisión de delitos graves por parte de los acusados. Considerando que las medidas cautelares previas, que incluían la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada quince días ante el juzgado, no eran adecuadas, ha decidido imponer la prisión preventiva.

En cuanto a Ábalos, el magistrado ha procedido a comunicar su decisión a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, como lo estipula el procedimiento legal. Además, se ha hecho evidente que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares, especialmente las del Partido Popular, habían solicitado el encarcelamiento de Ábalos y García, argumentando que la gravedad de las penas que enfrentan, que pueden alcanzar hasta 30 años, incrementa las posibilidades de que intenten evadir la justicia.

José Luis Ábalos llegó al Tribunal Supremo a primera hora, solo y con una mochila de cuero marrón. A pesar del revuelo mediático, el ex secretario de Organización del PSOE optó por no realizar declaraciones, aunque al final de la audiencia afirmó ante el juez que no tiene intención de huir, argumentando su falta de recursos y de un destino al que escapar.

De acuerdo con fuentes cercanas, Ábalos se encuentra en un estado emocional muy frágil, habiendo pasado el tiempo de espera nerviosamente en los patios del tribunal. Su defensa, encabezada por el abogado Carlos Bautista, sostiene que no existe riesgo de fuga, enfatizando que su condición de diputado garantiza su compromiso con su proceso judicial. Además, argumenta que ingresos en prisión previos a una condena violarían su derecho a la representación política.

La defensa también ha manifestado su preocupación por que el encarcelamiento de Ábalos pueda interpretarse como una presión para que colabore con la investigación, haciendo referencia al caso del empresario Víctor de Aldama, quien se benefició de una reducción de pena tras hacer declaraciones que involucraban a otros actores en el caso.

Koldo García, el ex asesor, llegó puntualmente al tribunal junto a su abogada, Leticia de la Hoz. Su defensa ha intentado convencer al tribunal de que su cliente, que tiene responsabilidades familiares, no podría huir. Al igual que Ábalos, García se mostró firme en su declaración, asegurando que no tiene intenciones de huir y expresando que todos están en un proceso de aprendizaje.

El fiscal, por su parte, adoptó un tono contundente durante las audiencias, afirmando que el hecho de haber servido en un cargo gubernamental no exime a nadie de la responsabilidad penal. Reiteró que la justicia debe ser aplicada sin distinciones y que nadie en el poder tiene el derecho de escapar a su acción.

Este desarrollo en el caso de Ábalos y García se remonta al 3 de noviembre, cuando se planteó su juicio a ambos y al empresario Aldama, en relación con supuestas comisiones recibidas a cambio de la adjudicación de contratos durante la crisis del Covid-19. La Fiscalía ha solicitado penas severas, incluyendo 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, por delitos que abarcan desde pertenencia a una organización criminal hasta malversación de fondos.

Además, las acusaciones populares han elevado sus demandas, pidiendo 30 años de cárcel tanto para Ábalos como para Koldo, sumando a los delitos mencionados otros adicionales, como la prevaricación y la falsedad en documento oficial. En cuanto a Aldama, se le solicitó una pena de 7 años, considerando su testimonio como un elemento que ha contribuido a esclarecer la estructura de esta presunta trama de corrupción pública.