Incautan 32 objetos de marfil en Valencia, causando un perjuicio a la fauna de 3,6 millones de euros.
VALÈNCIA, 12 de diciembre. En un importante desarrollo en la lucha contra el tráfico de especies protegidas, la Guardia Civil ha iniciado una investigación sobre una mujer relacionada con polémicas prácticas de contrabando. Esta acción se produce tras la incautación de 32 impresionantes piezas de marfil tallado, que ahora están bajo escrutinio.
Todo comenzó en octubre, cuando los agentes de la Guardia Civil intensificaron sus esfuerzos para monitorear la venta ilegal de productos derivados de la fauna en diversas plataformas digitales. Durante esta vigilancia, detectaron anuncios que ofrecían piezas de marfil tallado, las cuales se sospecha que son de origen elefante, una especie actualmente en peligro de extinción y protegida por el acuerdo CITES.
El elefante se encuentra clasificado en el Anexo I del convenio CITES, que establece medidas estrictas para resguardar aquellas especies más amenazadas. Sin embargo, las investigaciones revelaron que la venta de estas piezas se realizaba sin los cruciales certificados que demuestran su legalidad, lo que plantea serias implicaciones tanto legales como éticas.
El 18 de noviembre, los agentes llevaron a cabo un registro en un domicilio de Valencia, donde encontraron y confiscaron las 32 piezas, las cuales presentan tallas que representan diversas figuras y escenas de inspiración oriental. Este hallazgo ha sido calificado como alarmante, dado el daño potencial que estas piezas representan no solo para la fauna, sino también en términos económicos.
La mujer implicada, de 71 años y nacionalidad española, enfrenta ahora dos cargos graves: uno relacionado con la protección de la fauna y otro por contrabando. Según un análisis inicial de los expertos, el valor en el mercado negro de estas piezas podría superar los 3.600.000 euros, lo que refleja la magnitud del problema en torno al tráfico de especies.
Este caso ha sido investigado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Valencia, que ha recopilado las evidencias y las ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 11 de València, marcando un paso significativo en la lucha por la conservación de la vida silvestre.
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