La dirigente de CCOO PV, Ana García, ha resaltado la necesidad de un enfoque coherente en la recuperación económica, subrayando que es contradictorio promover el consumo cuando los trabajadores siguen luchando por salarios dignos.

En rueda de prensa, García describió la relación de su sindicato con el gobierno valenciano como "helada", a excepción de su conexión con el secretario de Empleo, Antonio Galvañ. La secretaria ha instado a la Generalitat a reabrir canales de diálogo social y colaboración.

Desde su reelección en mayo, García ha manifestado que el contacto con el Consell ha sido casi inexistente, lo que achaca a la falta de apertura del gobierno para aceptar críticas. La última comunicación con el Ejecutivo se dio en mayo, cuando se les informó sobre enmiendas presupuestarias, pero desde entonces las interacciones se han desvanecido.

A pesar de que se habían prometido reuniones mensuales tras los desastres provocados por la dana, estas no se han llevado a cabo. García destacó que solo existe una submesa activa sobre formación profesional y pidió la creación de otras mesas de diálogo para abordar cuestiones sociales, económicas y medioambientales.

En cuanto a los presupuestos aprobados por la Generalitat, García los considera más alineados con intereses ideológicos que con las verdaderas necesidades de la población. Criticó recortes en cultura y cooperación, sugiriendo que hay un trasfondo de xenofobia, y denunció el incumplimiento en la homologación de condiciones laborales en el sector social.

Los recortes que afectan a las organizaciones sindicales y empresariales son vistos por García como un ataque directo a la democracia. El sindicato está considerando acciones legales, que se están evaluando cuidadosamente.

Acerca de la recuperación post-dana, García subrayó la urgencia de que se convoquen mesas de trabajo donde se informe sobre los avances en la reconstrucción, ya que la falta de comunicación genera incertidumbre sobre el proceso.

Además, enfatizó que no se puede hablar de activar el consumo sin antes garantizar salarios que permitan a las personas vivir con dignidad. Planteó la necesidad de un protocolo estatal unificado para responder a emergencias climáticas como la dana.

Cuando se le preguntó sobre la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, García opinó que quien no acepta críticas constructivas puede estar en el lugar equivocado, y reafirmó que continuarán las movilizaciones hasta que se asuman responsabilidades.

La líder sindical hizo un llamamiento a analizar el impacto de la "inseguridad jurídica" en la llegada de inversiones tras la crisis, manifestando preocupación por el futuro empresarial en la región a raíz de eventos climáticos extremos.

En relación al modelo de financiación autonómica y la recuperación económica, García opinó que es más probable que las familias logren avanzar antes en su situación que la llegada de este nuevo modelo, sugiriendo que una política menos partidista podría facilitar soluciones.

Respecto a la desigualdad de género, enfatizó que cualquier retroceso perjudica aún más a las mujeres, mencionando que no solo la brecha salarial, sino también las desigualdades en el acceso y la educación son factores que perpetúan la desigualdad económica.

García también se refirió al sector turístico, señalando que aún queda mucho por mejorar en un modelo que no siempre beneficia a la economía local. Abogó por un turismo más sostenible y una desestacionalización que permita un mejor desarrollo económico.

Criticó que las empresas del sector piden más trabajadores, pero a la vez ofrecen condiciones laborales que no son sostenibles, reclamando un cambio cultural en la forma en que se gestionan las relaciones laborales.

Finalmente, sobre la jornada laboral, defendió su posible implementación gradual en pequeñas empresas y pidió a la clase política que apoye esta medida, manteniendo una actitud de esperanza y lucha constante.

En cuanto a las políticas de vivienda, García lamentó la falta de avances y criticó que el gobierno no esté aplicando la legislación vigente, abogando por iniciativas que mantengan la contención de precios y que faciliten el acceso a vivienda para aquellos en situación vulnerable, rechazando la privatización de recursos públicos que pertenecen a la clase trabajadora.