VALÈNCIA, 11 Dic. - Este jueves, la Comunitat Valenciana se ha visto sacudida por una huelga educativa convocada por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, quienes exigen al nuevo equipo de la Conselleria de Educación, liderado por Mari Carmen Ortí, que abandone la "continuidad" del anterior responsable, José Antonio Rovira. Los representantes laborales solicitan urgentemente el diálogo sobre "reivindicaciones justas y esenciales" que afectan a los educadores, tales como la actualización de sus salarios, que han permanecido paralizados durante los últimos 18 años, la reducción de las ratios de alumnado y la mejora de las infraestructuras educativas, muchas de las cuales han resultado afectadas por las recientes inclemencias meteorológicas.

Los portavoces sindicales han dejado claro su mensaje durante el inicio de la manifestación, que partió del IES Lluís Vives en València y recorrió el centro de la ciudad. Esta acción se enmarca dentro de una serie de concentraciones programadas en distintas localidades a lo largo del día, reflejando la creciente frustración en la comunidad educativa.

Respecto al seguimiento de la huelga, la Conselleria de Educación reportó un 10,7% de adhesión hasta las diez de la mañana. Sin embargo, los sindicatos han calificado esta cifra como "poco realista", argumentando que se necesita un análisis más profundo al cierre del día para obtener datos precisos. A pesar de ello, prevén una respuesta significativa, estimando que al menos un 60% del profesorado se unirá a la protesta.

Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV, ha instado a la consellera Ortí a "sentarse a negociar", reiterando que el profesorado y la comunidad educativa tienen todo el derecho de manifestar sus necesidades. "Es el momento de actuar", ha pedido a la nueva consellera, advirtiendo que si no obtienen respuesta, las movilizaciones continuarán. Candela también expresó su descontento por la falta de respuesta a su solicitud de reunión con el 'president' Juanfran Pérez Llorca y con Ortí, quienes no han atendido sus demandas, delegando la comunicación en el director general de Personal.

Desde UGT, Marisa García ha denunciado que la Administración se niega a "actualizar complementos, reducir ratios, mejorar la inclusión educativa o disminuir la burocracia". García invitó a la Conselleria a "abrir los ojos" para entender y afrontar la realidad que vive la educación en la Comunitat Valenciana.

Xelo Valls, secretaria general de Educación de CCOO, también ha criticado la percepción que intenta transmitir la administración sobre la falta de interés del profesorado en sus reivindicaciones. "No podemos aceptar que se nos minimice", subrayó, destacando que las demandas del sector son vitales para la mejora de la calidad educativa.

La secretaria de CCOO se mostró escéptica respecto a un posible cambio en la dirección de la conselleria, añadiendo que el calendario de protestas ya está previsto en caso de que continúen las mismas políticas. "Esperamos que no sea el mismo enfoque que en el pasado", enfatizó.

Por su parte, José Seco, secretario autonómico de Educación de CSIF, consideró que la jornada de hoy es crucial, denominada una "declaración de intenciones" de la sociedad sobre las condiciones precarias que enfrentan los docentes en la Comunitat Valenciana.

Las organizaciones sindicales han presentado una serie de demandas al nuevo gobierno, que incluyen abrir un proceso de negociación para restaurar el poder adquisitivo perdido, garantizar que se abonen las pagas extraordinarias completas, y establecer una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC. También exigen la reducción de ratios para mejorar la atención personalizada al alumnado, la reintegración de personal recortado en FP, FPA, EOI y conservatorios, y la cobertura inmediata de vacantes y sustituciones.

Además de lo anterior, los sindicatos piden la implementación inmediata de los pactos pendientes, dignificar a todo el personal PAE y PAS, recuperar los 121 millones de euros recortados en infraestructuras, reparar los centros afectados por desastres naturales, garantizar instalaciones adecuadas y eliminar la burocracia innecesaria. También buscan un mejor reconocimiento profesional para el Personal de Atención Educativa y garantizar una dotación adecuada de recursos humanos y materiales para lograr una inclusión real en el sistema educativo.