24h Valencia.

24h Valencia.

Compromís exige al gobierno de Sánchez cumplir con sus responsabilidades para extender la legislatura, mientras el PSPV afirma que su visión política trasciende 2027.

Compromís exige al gobierno de Sánchez cumplir con sus responsabilidades para extender la legislatura, mientras el PSPV afirma que su visión política trasciende 2027.

VALÈNCIA, 16 de diciembre.

Compromís ha expresado la urgencia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, implemente medidas concretas si desea llegar al final de la legislatura. Entre sus demandas, han insistido en la creación de una comisión de investigación que aclare el 'caso Cerdán' y en la necesidad de prohibir que las empresas con antecedentes de corrupción puedan acceder a contratos públicos. Por su parte, desde el PSPV sostienen firmemente que el Ejecutivo alcanzará 2027 y afirman que hay proyectos que se extienden más allá de esa fecha.

Los representantes de los distintos grupos han compartido sus opiniones con la prensa, justo después de que Sánchez reafirmara su intención de continuar gobernando y concluir la legislatura, subrayando la importancia de la responsabilidad que tiene España en el contexto europeo actual y su disposición a enfrentar episodios de acoso personal y desinformación.

Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts, enfatizó la necesidad de que el presidente actúe si realmente busca mantener su mandato. Ha subrayado la importancia de crear la comisión sobre el 'caso Cerdán' y de establecer restricciones a las empresas corruptas que desean contratar con el Estado. "Es el momento de actuar, la inacción no es una opción", enfatizó.

Baldoví también planteó que la ciudadanía tiene el derecho de saber si la legislatura se extenderá hasta 2027, instando a discutir qué sucederá en el camino hacia esa fecha. Aseguró que, si depende de Compromís, los partidos de la oposición como el PP y Vox no tendrán oportunidad de gobernar. "Si Pedro Sánchez no toma medidas, su tiempo en el poder podría estar llegando a su fin", añadió.

En otro ángulo, el síndic del PSPV, José Muñoz, defendió la postura de Sánchez, quien ha dejado claro que está comprometido con agotar la legislatura y vislumbra planes que se extienden más allá de 2027, a pesar de los recientes escándalos de corrupción que han salpicado al PSOE.

Muñoz hizo hincapié en que estos problemas no son exclusivos de su partido y mencionó que otros grupos como Sumar y Podemos también han enfrentado situaciones similares de corrupción, destacando las respuestas de tolerancia cero en estos casos. Recordó que cuando surgieron estas denuncias, la respuesta fue inmediata.

Sin embargo, criticó cómo otros partidos, especialmente el PP, han manejado situaciones de corrupción. Citó el ejemplo de un exdirigente provincial del PP que, a pesar de los cargos de acoso sexual, fue promovido en lugar de ser destituido. Enfatizó que la responsabilidad ante estos hechos es crucial y que la gestión del PSOE marcará la diferencia, señalando que el partido emergió más fortalecido tras crisis anteriores.

Muñoz subrayó que comportamientos inaceptables no tienen cabida dentro del PSOE y llamó a otros grupos políticos a reflexionar sobre su propia conducta interna. Preguntó retóricamente si están haciendo algo al respecto para abordar los problemas en sus propias filas, y se mostró optimista sobre el futuro del PSOE y del Gobierno español.

Por su parte, Laura Chulià, portavoz adjunta del PP en Les Corts, sugirió que el PSOE debería enfocarse en una limpieza interna en lugar de seguir "inflando la burbuja" de Sánchez. Hizo un llamado a examinar el alcance de la corrupción dentro del partido, tanto a nivel interno como en su conexión con la gestión en comunidades autónomas como la valenciana.

Chulià destacó que los valencianos merecen respuestas claras sobre estas cuestiones, asegurando que es esencial esclarecer si hay implicaciones de corrupción relacionadas con ciertos contratos, como la compra del edificio de Correos por parte del gobierno de Ximo Puig, que costó 24 millones de euros, y que podría haber desviado recursos de necesidades básicas como vivienda y educación pública en la comunidad.