La magistrada encargada de la investigación sobre la gestión de la reciente dana ha solicitado formalmente a la Conselleria de Medio Ambiente que proporcione detalles acerca de la comunicación realizada el 29 de octubre. Esta comunicación ofrecía al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) la asistencia de agentes medioambientales para supervisar los caudales en ríos y barrancos, así como en áreas propensas a inundaciones. Dicha solicitud está respaldada por un documento interno firmado por Luis Gomis, director general de Medio Natural y Animal.

En una providencia emitida el miércoles, la jueza da continuidad a la investigación tras la declaración de una técnica del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), quien afirmó que el 28 de octubre, un día antes de la fuerte riada, la Conselleria denegó la petición de agentes medioambientales para la vigilancia de barrancos.

Según la testigo, esta solicitud se realizó como medida preventiva en vista de las previsiones meteorológicas, aunque no fue realizada oficialmente. Ante la negativa de la Conselleria, el equipo tuvo que recurrir al apoyo de los bomberos forestales al día siguiente.

La técnica explicó que en la mañana del 29 de octubre se elaboraron tres informes relacionados con la emergencia, y que cree que el tercero de ellos marcó el inicio de la actividad de los bomberos. Se activó a dicho cuerpo para medir la situación en los barrancos, un procedimiento que quedó registrado mediante la apertura de un caso específico para esta colaboración.

En su declaración, la testigo mencionó que los bomberos no indicaron qué brigadas serían movilizadas, y el asunto quedó sin resolución clara. Asimismo, informó que realizó una llamada al Consorcio alrededor del mediodía, solicitando que se desplazaran a medir en Paiporta, pero la respuesta fue evasiva.

Explicó que durante su turno no hubo más comunicación con los bomberos en relación al control del barranco del Poyo, asumiendo que si no se les ordenaba retirarse, permanecerían en el lugar. Cuando se le preguntó sobre una eventual orden de desactivación, aseveró que durante su turno no se emitió ninguna.

La jueza ha decidido incluir en su providencia la solicitud de la grabación de dicha llamada entre la técnica y el Consorcio Provincial de Bomberos, la cual se registró en la plataforma Coordcom, encargada de gestionar las respuestas en situaciones de emergencia.

Además, a partir de la declaración de la testigo, se ha ordenado a la Conselleria de Medio Ambiente que, en un plazo de tres días, acredite el medio utilizado para comunicar a la AVSRE la disponibilidad de agentes medioambientales durante la dana, basándose en la comunicación interna que había sido firmada por el director general, Luis Gomis.

Por último, la letrada de la Administración de Justicia ha programado las declaraciones de cuatro testigos, incluyendo al mencionado director general, que deberá comparecer el próximo 20 de noviembre. Entre los otros convocados están también profesionales de Emergencias que estuvieron activos el día de la dana, incluidos operadores de comunicaciones y emergencias de la AVSRE y SGISE.