En un paso significativo hacia la creación de escuelas más seguras y respetuosas, la Comunitat Valenciana implementará un nuevo Decreto de convivencia a partir de enero. Este decreto se centra en reforzar la autoridad de los docentes, restringir el uso de dispositivos móviles únicamente a fines académicos y establecer procesos de mediación para resolver conflictos de manera eficaz, todo en un esfuerzo por alcanzar la "tolerancia cero" ante la violencia en las aulas.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, expuso estos objetivos durante una conferencia de prensa acompañada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig. Ortí argumentó que la reforma es necesaria debido al aumento notable de conflictos en los entornos escolares y a las demandas identificadas por los propios centros educativos y la Inspección educativa.

Los datos son contundentes: las incidencias en la convivencia escolar han pasado de 4.543 casos en 2018 a 11.404 en 2023. Esta alarmante "tendencia al alza", según la consellera, no solo es un reflejo de una realidad preocupante sino también de un incremento en la sensibilización de la comunidad educativa, especialmente entre los docentes.

El enfoque del nuevo decreto es claro: se busca garantizar entornos educativos donde cada estudiante y miembro de la comunidad se sienta respetado y protegido. Ortí también se comprometió a trabajar con celeridad en el desarrollo normativo para crear un Observatorio de la Convivencia que dé seguimiento a estas acciones.

Este decreto formará parte del Plan autonómico de convivencia educativa 'Conviure', que será publicado este miércoles y entrará en vigor el 7 de enero de 2026. Entre sus propuestas más destacadas se encuentra la consideración de agresiones y ofensas a profesores como faltas graves, tratándose así de atentados contra la autoridad.

Una de las innovaciones más relevantes es la regulación del uso de dispositivos móviles, que ahora tendrán un carácter normativo para usarse únicamente por razones académicas o de salud debidamente justificadas, elevando así su nivel de restricción respecto a normativas previas.

Los resultados de esta restricción ya son visibles: el ciberacoso, que había crecido un 50% desde 2019, ha disminuido un 60% tras la implementación de la nueva regulación sobre móviles. Además, McEvoy anunció que el equipo de Educación está desarrollando un currículo de Primaria que busca equilibrar el uso de materiales analógicos y digitales.

Este nuevo marco legal también incluirá medidas educativas provisionales, un procedimiento conciliador y la gestión de expedientes disciplinarios con tiempos de respuesta ajustados, priorizando los casos más graves. Es importante mencionar que los casos de violencia sexual y de género seguirán bajo disposiciones específicas y no serán parte del proceso de mediación.

Además, se creará un módulo en la plataforma Itaca para simplificar la gestión de expedientes, garantizando un seguimiento digital de cada fase del mismo. Este proyecto incorporará un enfoque inclusivo, donde la condición de víctima con necesidades específicas será considerada un agravante en la evaluación de la responsabilidad.

Por último, se fomentarán programas basados en evidencias científicas para promover el bienestar, prevenir la violencia y fomentar la salud mental, integrando principios contra delitos de odio y asegurando la igualdad y no discriminación en el ámbito educativo. Este nuevo decreto sustituirá al anterior 195/2022, marcando un cambio hacia un enfoque más integral y protector en la comunidad educativa, como enfatizó Escrig: "La convivencia es un paraguas que engloba a todos".