València, 8 de octubre. La jueza de la Plaza número 8 en Llíria ha decidido procesar al futbolista Rafa Mir en un caso que ha conmocionado a la opinión pública, acusándolo de agresión sexual contra una joven que conoció en una discoteca de la ciudad el año pasado. Junto a él, otro futbolista, Pablo, también ha sido procesado por su implicación en los hechos.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han confirmado esta decisión, que se alinea con lo que había anticipado el periódico Las Provincias. Según la magistrada, ambas personas están acusadas de agresión sexual, siendo el caso de Rafa Mir especialmente grave, ya que se menciona el uso de violencia y acceso carnal.

Las diligencias de investigación apuntan a que Rafa Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las mujeres que había conocido junto con Pablo y otro amigo en un club nocturno de València. Según los informes, estos actos ocurrieron en la madrugada del 1 de septiembre de 2024, en el domicilio del jugador, localizado en una urbanización de Bétera, en áreas como la piscina y un baño del lugar.

Además, la jueza ha encontrado indicios de que Pablo también participó en un delito de agresión sexual sin acceso carnal, así como un leve daño físico a una segunda joven, en el mismo contexto de la piscina de la casa de Mir.

La magistrada ha establecido una fianza de 12.500 euros para Rafa Mir y de 5.000 euros para Pablo, con el fin de garantizar sus responsabilidades económicas en caso de que se confirme su culpabilidad. Ambos han sido citados para declarar el 13 de octubre, aunque Rafa Mir comparecerá de manera telemática por solicitud de su abogado.

Los dos hombres fueron arrestados a principios de septiembre de 2024 tras la denuncia de una mujer, quien alegó haber sido víctima de una agresión sexual. Un día después, Pablo fue detenido por su conexión con el incidente. La denuncia fue presentada por una joven de 25 años, quien relató haber sido agredida junto a otra mujer de 21 años en la vivienda de Rafa Mir.

Tras su liberación, Rafa Mir rechazó las acusaciones y demandó que se mantenga su presunción de inocencia. Su defensa emitió un comunicado subrayando la importancia de esta presunción, un principio que está protegido tanto por la Constitución Española como por la normativa europea. Se aseguró que el proceso judicial servirá para esclarecer los hechos y que se demostrará la falta de fundamento de las acusaciones.