VALÈNCIA, 6 Nov. — En un contexto marcado por la devastación ocasionada por la DANA, los juzgados de guardia de los partidos judiciales de Torrent, Catarroja y Alzira se encuentran en el centro de una ola de detenciones que ha generado preocupación social. Desde que iniciaron las lluvias intensas y las inundaciones hace una semana, al menos 62 individuos han sido arrestados, presuntamente involucrados en actos de pillaje y saqueos que han afectado a la comunidad en un momento de crisis.

Según la información más reciente, 30 de estos detenidos han sido enviados a prisión provisional. Este dato, proporcionado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), refleja la severidad de la respuesta judicial ante tales delitos bajo circunstancias extraordinarias. Las órdenes de prisión preventiva fueron emitidas principalmente por el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrent, donde se han presentado un total de 48 detenidos relacionados con estas acciones ilícitas, 18 de los cuales han recuperado su libertad provisional.

El juez instructor ha esbozado un panorama preocupante, acusando a 15 de los encarcelados de cometer robos con fuerza en establecimientos abiertos al público, calificando sus acciones como agravadas. Este abordaje penal busca desincentivar el aprovechamiento de la calamidad provocada por las inundaciones, sugiriendo que algunos individuos podrían haber actuado con la idea de que sus actos quedarían impunes debido a la situación de caos y desolación que enfrenta la comunidad.

Los otros 15 detenidos que se encuentran en prisión provisional están siendo investigados bajo sospechas de un delito continuado de robo con fuerza, que incluye la agravante de pertenencia a grupo criminal. Alternativamente, también se les imputa la posibilidad de haber cometido hurtos bajo las mismas circunstancias. Este enfoque por parte de la justicia subraya la gravedad con que se perciben los delitos cometidos en un contexto social tan frágil.

Además, en Alzira, el juzgado de guardia ha recibido a siete presuntos saqueadores, quienes fueron liberados provisionalmente sin medidas cautelares, aunque deberán comparecer ante el tribunal cuando se les requiera. Esta decisión judicial refleja una posible diferencia de criterios en la evaluación de la situación de cada detenido y sus circunstancias personales.

Finalmente, en Catarroja, otros siete sospechosos también han quedado en libertad provisional, pero con condiciones que incluyen presentarse mensualmente ante el juzgado. Estos individuos están siendo investigados por presuntos hurtos en comercios locales, incluyendo bares y supermercados, lo que añade una dimensión preocupante a la crisis actual. Este fenómeno delictivo en medio de una calamidad natural resalta la complejidad de la situación social de la región y la necesidad de una respuesta integral que contemple no solo la justicia penal, sino también el apoyo a las comunidades afectadas.